La corrupción en Chimborazo (página 2)

No pocos lectores señalaran que estos vicios sociales
son insignificantes ante la marea de corrupción pública de los
funcionarios y políticos de nuestro país, pero
ahí se empieza. Si no respetamos el bien individual
¿cómo podríamos respetar el bien
público? Eliminar la corrupción
no es una tarea de un gobernante o de algún "iluminado",
es una cuestión generacional que debe ser transmitida de
padres a hijos, tal como este grave mal se ha engendrado en
nuestra sociedad. La
corrupción jamás podrá ser combatida o
eliminada por decreto.

A la corrupción se lo debe ver como un círculo
vicioso en donde una nueva generación nace y se educa de
acuerdo a principios
deformados. Padres y maestros educan a niños y
jóvenes con principios no tan lícitos y con
costumbres erróneamente conceptualizadas como "correctas".
¿Cómo romper este círculo vicioso? Dos
formas podrían considerarse para ello, la
concienciación de la sociedad con nuevos valores y
costumbres y la sanción ejemplarizadora para quienes
incurran en corrupción de todo tipo. Pero para adoptar
estas nuevas medidas habrá que ingresar inicialmente en la
administración
pública y generar un cambio radical
al interior de estas instituciones
para que se conviertan en el ejemplo positivo de la sociedad y no
en lo que ahora son: "nidos de corrupción".

La corrupción en la
administración pública sólo podrá
ser combatida mediante las leyes. El
Derecho
Público se basa en el principio de que el funcionario
"solo podrá hacer lo que le permite la Ley" y su
acción
no debe ir más allá. Si se detectan incorrecciones
las autoridades públicas y los jueces debe actuar con
prontitud y sancionar si es posible con la salida del funcionario
y el reemplazo con uno nuevo, esto creará precedentes para
los que vengan. La corrupción es un cáncer que
afecta a nuestro país y que pone en riesgo la vida de
la nación
por tanto es necesario acciones
radicales. Recordemos que en el año 2000, ya el
ex-Embajador de Estados Unidos
Leslie Alexander decía "me apena decirles que el Ecuador
está ganándose la reputación de tener una
penetrante corrupción. No debe hacer secretos aquí
esta fama es conocida por la comunidad
internacional".

Las leyes deben ser un soporte importante para disminuir la
corrupción en nuestro país. Los trabajadores
públicos deben ser incluidos en un régimen especial
que permita su juzgamiento y sanción sin que medie la
acción corrupta del sindicalismo
público el cual, en muchos casos, ha encubierto la
vagancia y la corrupción. Una vez que el servidor
público consigue su tan ansiado "nombramiento", adquiere
un "status" casi de intocabilidad, debido seguramente, a lo
difícil que se vuelve su juzgamiento y destitución.
Gran parte de la responsabilidad está en las autoridades
quienes por su transitoriedad se hacen de la "vista gorda" ante
hechos o acciones de sus colaboradores.

No existe una conciencia de
servicio
público tan solo priman los intereses particulares.
Jueces, políticos, maestros, periodistas, sacerdotes, etc,
debemos hacer causa común para eliminar este grave mal de
nuestra sociedad. Posiblemente haga falta el liderazgo
político de alguien pero la responsabilidad de cambiar es
de todos.

Chimborazo no está libre de actos de corrupción.
Los niveles no están por encima o por debajo del promedio
nacional, pero posiblemente tiene características
especiales. En primer lugar la corrupción pública
tiene rasgos propios como el clientelismo instaurado desde hace
muchos años. Debido posiblemente a las necesidades
extremas de la población, ésta se sentía
contenta con las "migajas" que se les deba. El Consejo Provincial
ha sido un claro ejemplo de aquello. Las entregas de dinero a una
gran cantidad de organizaciones y
la distribución de regalos se han vuelto una
práctica común. El dinero
público se orientó a entidades privadas incluso
muchas de ellas con finalidades lucrativas. De esa manera una
reelección estuvo asegurada, pero no la dotación de
servicios
básicos y obras de infraestructura.

Otra de las características de la corrupción en
Chimborazo ha sido propiciar la desorientación de la
ciudadanía. Para ello existe la
colaboración de los medios de
comunicación que al ser contratados (con dineros
públicos) empiezan una guerra
psicológica e informativa de hechos denunciados y que
acaban como siempre "en nada".

En múltiples ocasiones los políticos de turno
han convocado a la ciudadanía a defender "nuestras"
instituciones. Pero ¿qué tan nuestras son esas
instituciones a la hora de darnos un servicio o bien? Ejemplo
claro es la Cemento
Chimborazo, cuyos dirigentes sindicales permanentemente ha
solicitado el apoyo ciudadano para que esta empresa no se
venda. La ciudadanía ha respondido afirmativamente pese a
que los únicos beneficiados han sido los trabajadores "con
nombramiento" cuyos sueldos bien podrían ser comparados
con la burocracia
dorada. Mientras eso sucede el valor de la
Cemento Chimborazo se deprecia y su nivel de producción no aumenta o disminuye. "La
gallina de los huevos de oro" bien
podría morir en algún momento dado.

Chimborazo tiene rasgos característicos de
corrupción, pues su población es diferente al resto
del país. El porcentaje de indígenas que viven en
el sector rural es alto y es bien conocido que ese sector no es
el mejor atendido en educación, salud y otros servicios
básicos. En Chimborazo es más fácil robar un
bien público pues quienes fiscalizan una obra no tienen la
suficiente capacidad de intervenir o no tienen la conciencia de
que esa es una obligación y un derecho el ver que algo se
construya para beneficio de todos y en forma correcta. En el
sector rural "algo" es mejor que "nada".

Pero el sector urbano no se queda atrás. Debido a la
creciente migración
campo-ciudad los nuevos habitantes de los cantones urbanos no
tienen una plena identificación con el lugar en el que
ahora habitan. ¿Podría ser la pérdida de
identidad una
causa para la corrupción? Algo que sí es seguro es que la
autoestima de
la población genera nuevas conductas sociales como una
mayor participación y la pérdida de "miedos" para
combatir el grave mal que estamos analizando.

Puede ser que la corrupción no sea eliminada del todo
en el país. La mayoría de la población ve
con pesimismo el futuro del Ecuador. Los ciudadanos ven una
ventana de salida en la migración a otros países.
Todo dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer.

El desinterés ciudadano

Es obvio, quien no denuncia la corrupción se vuelve en
un cómplice, encubridor y desde ya forma parte del hecho
ilegal. El desinterés también es corrupción,
pues la motiva y no la combate.

El desinterés ciudadano es una actitud y una
acción desfavorable para la sociedad. Posiblemente sea la
clave para combatir la corrupción, pues si todos nos
impusiéramos como objetivo
combatir este grave mal, posiblemente tendríamos
resultados favorables. Pero para que esto suceda se necesita la
"conciencia ciudadana" para identificar lo que está mal y
denunciarlo. Posiblemente esa conciencia se ha perdido debido a
que los valores se
han tergiversado y "volteado". Ahora lo que está bien,
podría verse como mal y viceversa. Analicemos un caso,
quien encuentra una billetera y la devuelva con todo su contenido
podría ser considerado como un "pendejo", pero nunca como
un hombre
honesto. Rodrigo Borja decía en una entrevista que
"ahora la excepción es encontrar con la linterna de
Diógenes un hombre honorable y justo porque ese tipo de
hombres ya han llegado a constituir una absoluta minoría".
En muchas ocasiones escuchamos que una autoridad que
llega a un puesto debe aprovechar al máximo "pues de esta
posiblemente no haya otra". ¿No es esta una
distorsión de la moral
pública?

El desinterés ciudadano podría tener varias
motivaciones. Una de ellas es que las personas no creen en el
sistema de
justicia.
Aquí bien cabe aquella frase de que "las palomas disparan
a las escopetas". Quien denuncia corre el riesgo de ser
denunciado, pues ha atentado contra el "buen nombre" de una
alguna autoridad o personas común y corriente. No cabe
duda que la lucha es difícil y peligrosa, pero alguien
tiene que comenzarla y librarla. Es una guerra en la que todos
debemos participar.

Una política participativa y no sólo
electiva podría cambiar el interés de
los ciudadanos. A ellos hay que confiarles responsabilidades y
proveerles de la información necesaria para que
actúen. Los ciudadanos sólo se interesarán
de lo que conocen por tanto un primer ejercicio de las administración pública es
transparentar la información y darla a conocer a todos sin
restricciones.

Alguna vez, mientras un periodista ejercía el cargo de
relacionador público de una institución del
estado, se
acercó al él alguien con una denuncia de dicha
institución con la intención de que ésta sea
encubierta por el relacionador encargado de la "buena imagen" del
organismo. Acertadamente el comunicador invitó a aquel
personaje para que denuncie por todos los medios
posibles las presuntas irregularidades, "siempre y cuando tenga
todos los elementos de juicio". El denunciante meditó su
accionar, pues posiblemente su intención era chantajear al
periodista. El ejemplo nos señala una ecuación:
mayor información, mayor posibilidad de detectar
incorrecciones. Si un administrador
público o privado se niega a proveer información
debería haber muchas dudas de su accionar. La
honorabilidad del funcionario debe ya ponerse en duda.

La necesidad de sobrevivir o de "supervivir" no es
justificativo para desinteresarnos de lo que pasa a nuestro
alrededor. Quien no participa no tiene el derecho de protestar
por lo que pasa en el país. En eso los ecuatorianos
tenemos una enorme responsabilidad. ¿Cuántas veces
hemos escuchado en encuestas que
la política o la economía no es tema de interés de
los ciudadanos? Sin embargo, protestamos a la hora de pagar
nuestros impuestos o la
matrícula del carro, pero no protestamos por la forma de
cómo se gastan esos recursos, peor
exigimos cuentas claras.
Nuevamente hay que señalar que el cambio de esta conducta es
generacional. Debemos incentivar una cultura del
reclamo y la participación, caso contrario la vida social
del país girará en el mismo eje, causando
más desesperanza y pobreza.

La falta de interés de los fiscalizadores

Si existe responsabilidad de vigilar y controlar los actos
públicos por parte de los ciudadanos, imaginemos lo que
pasa con quienes son elegidos para aquello.

Diputados, concejales y consejeros son por mandato legal,
fiscalizadores de los bienes
públicos. Ellos como representantes de un colectivo
están en la obligación de denunciar cualquier
irregularidad y de llegar hasta las últimas
consecuencias.

Pero analicemos lo que pasa con estos "fiscalizadores" en
Chimborazo. Concejales y consejeros lo primero que hacen es pedir
cuotas políticas
o personales en la administración en las cuales les toca
actuar. Eso genera un compromiso que luego deberá ser
pagado con el silencio. Ejemplos de lo anterior existen muchos,
pero analicemos un caso. En una de las auditorías realizadas al consejo provincial
por parte de la Contraloría se detectó que una
factura fue
utilizada para cotizar varias compras. Hubo
alguna irregularidad, "no un error", y alguien seguramente
salía beneficiado económicamente de aquellas
transacciones. Los consejeros de aquella época hicieron
"mutis por el foro" y
grabaron en su cerebro una frase
"La Contraloría es la única que puede determinar
responsabilidades". ¿Entonces para que estaban
allí? El miedo o el compromiso parece que les
impedía decir nada respecto a este hecho que a la final no
fue juzgado ni sentenciado. Los consejeros equivocadamente se
"lavaron las manos" en este asunto y descartaban cualquier
responsabilidad en los hechos. ¿Acaso no son responsables
también por no decir nada?

La experiencia nos dice que la mayoría de
"fiscalizadores" son de esa calaña, pero bien
podrían encontrarse excepciones. Corresponde a los
electores señalar a aquellos que puedan cumplir a
cabalidad con esa enorme responsabilidad. Para ello hay que
identificar a aquellos que cumplieron funciones
parecidas y nunca hicieron nada en las entidades donde
participaron. Una de las características de la
corrupción es que actúa bajo las sombras y "compra
silencios", por tanto en una institución pública
donde todo el mundo "canta misa", algo pasa en su interior.
¿Cuántas veces hemos escuchado escándalos en
instituciones que ni nos imaginábamos? Nadie
debería estar tranquilo mientras el diablo de la
corrupción anda suelto. Parecería ser una frase muy
figurativa, pero es así.

Otra trampa en que usualmente caen nuestros naturales
fiscalizadores es caer en el falso "espíritu de cuerpo"
frente a hechos denunciados. Todos quieren salir a la defensa
institucional por más que existan pruebas
evidentes de hechos incorrectos. Nadie al interior se atreve a
investigar y si lo hace es catalogado como un traidor a la
institucionalidad o mejor dicho al "status quo" instaurado. Este
famoso "espíritu de cuerpo" bien podría denominarse
como el "espíritu de la corrupción" y sólo
una reacción social podría romperlo. Es una tarea
que nos corresponde a todos.

Diputados, consejeros y concejales que callan deberían
ser mal vistos por la sociedad. Mas, cuando vivimos en el
Ecuador, uno de los países que por desgracia ha sido
catalogada como entre los cinco más corruptos de este
hemisferio.

La denuncia

La denuncia es un instrumento valioso en la lucha contra la
corrupción, mas cuando en los momentos actuales tenemos
altos niveles de desarrollo de
la
comunicación e información. Mientras una
denuncia sea más socializada será mejor. Claro que
ésta debe estar bien sustentada por los denunciantes para
no convertirse en una calumnia o peor aún en un
instrumento de persecución o venganza.

La denuncia posiblemente sea el siguiente paso luego de la
concienciación ciudadana. Es por ello que la cantidad de
denuncias comparada con el volumen de actos
ilegales puede ser infinitamente menor. De hecho se sabe que en
aduanas, por
ejemplo, funcionan verdaderas mafias que ni siquiera los
gobiernos pueden destruir.

En el caso de Chimborazo la denuncia sobre hechos generados en
las instituciones públicas es casi nula. Esto tiene que
ver específicamente con el desinterés de ciudadanos
y fiscalizadores quienes, como ya anotamos, carecen de la
voluntad de combatir la corrupción por diferentes
causas.

Posiblemente un caso aparte sea la actitud del legislador
Guillermo Haro, quien ha denunciado varios actos de
corrupción en entidades del sector
público. Muchos señalan que el diputado ha
regado una serie de injurias en contra de personas y que por el
momento no ha probado nada. Se ha dicho que Haro se escuda en su
inmunidad para insultar y formular varias acusaciones sin
fundamento. Sin embargo, ¿no es peor que nadie diga nada
sobre las instituciones públicas atestadas de
inefectividad y corrupción?

Guillermo Haro en algunas ocasiones ha topado temas que se
reseñan en el siguiente capítulo de este libro y pudo
haber tenido razón en ciertos temas. Claro que la denuncia
por venir de un legislador pudo haber tenido visos de
persecución.

La actitud de Guillermo Haro – con menos ingredientes
políticos y más objetividad- debería ser
repetida por la prensa local, que
por el momento no ha tenido una actitud protagónica en el
combate a la corrupción, al contrario han sido
cómplices y hasta defensores de ciertos actos no tan
transparentes. Los medios de
comunicación deben asumir con responsabilidad su
obligación como orientadores de la opinión
pública, posiblemente por ahí esta el camino
para iniciar una verdadera transformación social. Bien
decía Luis A Bonald que "un Estado puede ser agitado y
conmovido por lo que la Prensa diga, pero ese mismo Estado puede
morir por lo que la Prensa calle. Para el primer mal hay un
remedio en las Leyes; para el segundo, ninguno. Escoged, pues,
entre la Libertad y
la Muerte". La
libertad de prensa es un instrumento que no ha sido explotado del
todo en nuestro medio y que merece una mayor atención.

En materia de
legislación han existido avances. Por ejemplo la
última Ley de Transparencia de Acceso a la
Información Pública que al ser plenamente ejecutada
podría generar la destitución de un funcionario
público, pero más importante dar a conocer ciertos
secretos en las entidades del sector público e incluso del
sector privado, pues debemos recordar que la Ley faculta recabar
información de las entidades privadas que manejan
capitales públicos. Muchas autoridades ignoran la
existencia de esta Ley y hay quienes conociéndola no
están dispuestos a obedecerla. Solo la prensa
podría tener la fuerza y
levantar "polvareda" con el fin de que hechos dudosos sean
aclarados documentadamente.

¿Cuál es la actitud de los denunciados en
algunos casos? La práctica
profesional nos ha demostrado que las autoridades
cuestionadas salen a realizar declaraciones y no exhiben documentación sobre el tema materia de una
denuncia. Simplemente confían en que se les crea, como
siempre, pues como no existen medios de comunicación y peor ciudadanía que
los refuten, ellos tendrán "todas las de ganar".

La experiencia también nos dice que quien se ha
atrevido a denunciar se lo tacha con diversos adjetivos queriendo
de esta manera mermar su credibilidad. El funcionario acorralado
siempre dirá "me persiguen porque sirvo al Pueblo", pero
nunca aclarará los hechos denunciados. Contraatacar con
insultos y desprestigio siempre será una buena arma de los
corruptos, de esa manera se desvía el tema principal y el
enfrentamiento se vuelve personal.
Obviamente que la acción de la justicia tampoco es del
todo eficiente. Los fiscales distritales y agentes fiscales no se
atreven a actuar por iniciativa propia debido al miedo o la
compra de conciencias.

Otro factor que limita la denuncia es la falta de
información. En el Ecuador y por lo tanto en Chimborazo
las empresas
públicas son manejadas celosamente por las autoridades de
turno. Nadie, salvo los funcionarios involucrados, podrán
o deberán saber lo que al interior de esas instituciones
esté sucediendo. Poco a poco la autoridad que
empezó mal una gestión
comienza a ser chantajeado por quienes lo rodean, pues ellos
tienen información valiosa que podrían hundir al
administrador. De ahí que se puede comprender porque una
autoridad sostiene en el puesto a un funcionario que ha
caído en desgracia ante la opinión pública.
¿Por qué Lucio Gutiérrez sostuvo hasta el
último de su gobierno al
subsecretario del Ministerio de Bienestar Social Bolívar
González?

En nuestro medio también hay ejemplos, aunque estos se
disfrazan con el supuesto principio de autoridad "no puedo
destituir al funcionario, pues donde quedaría mi
autoridad". Chantajes como estos se dan en todos los
órdenes, incluso laborales, es más, podría
decirse que los mayores chantajistas que encubren la
corrupción son los sectores laborales de la
institución, pues ellos sí tienen pleno acceso a la
información. Sólo así se explicarían
las exageradas prebendas de los dirigentes sindicales y los
onerosos contratos
colectivos firmados y que van en contra de la economía de la empresa
estatal. Vuelvo a citar el ejemplo de la Cemento Chimborazo. Al
final se saca una conclusión: quien tiene la
información tiene poder, eso no es nuevo
(posiblemente sí en nuestro medio), por ello es
indiscutible y necesario que la información pública
empiece a masificarse.

Nuevamente recurriendo a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, ésta señala con
la más absoluta claridad que toda la información
administrativa y financiera de las entidades públicas
deben ser editadas en una página
web. Además los ciudadanos tienen que ser atendidos en
sus requerimientos informativos luego de quince días de
presentada la solicitud. En caso de negarse esta
información se contemplan sanciones.

El abuso de los fondos públicos

La corrupción tiene varios objetivos uno
de ellos y posiblemente el principal es robar. Se roban fondos
públicos o privados, a mano armada o mediante leguleyadas
jurídicas; es decir, hay una multiplicidad de formas y
características.

Chimborazo no ha sido una excepción en el robo de los
fondos públicos. Estos han sido tomados por prefectos,
alcaldes, gerentes, trabajadores, etc. pero ¿cómo
roban los funcionarios de Chimborazo?

El clientelismo político es posiblemente una de las
mejores formas de robar en nuestra provincia. La extrema pobreza
de los sectores rurales hace que sea así, pues cualquier
cosa que se entregue es vista como una boya de salvación.
Pero este mal no es solamente de los sectores rurales. Tal como
veremos en el siguiente capítulo el prefecto Alfonso
Burbano repartió los dineros públicos a entidades
privadas sin otro requisito que el agradecimiento público.
Se llegó hasta el colmo de exhibir las placas de los
beneficiarios en las paredes del Consejo Provincial como un
ejemplo de lo que no se debe hacer. El cinismo fue una
característica de esta administración.

Muchos dirán que el clientelismo político no
tiene nada que ver con la corrupción ya que las obras
están ahí, "se sirvió al Pueblo". La primera
impresión nos engaña. Desperdiciar y rifar el
dinero de los contribuyentes como si se tratara de una
lotería sí constituyen actos de corrupción,
pues estos dineros no son orientados a lo importante como
saneamiento ambiental, salud, educación, riego y otros
temas. Constituye un crimen orientar los recursos del estado en
regalar sillas cuando hay altos índices de muerte
infantil en el sector rural de Chimborazo.

Pero claro, acciones como estas tienen a sus fieles seguidores
–especialmente los beneficiarios –presidentes de
gremios, hermandades, asociaciones y clubes son agradecidos con
el "generoso", quien recibe halagos porque entrega nuestro dinero
a instituciones privadas. Esto en pocas palabras es derroche y
una ofensa para un país que vive en el subdesarrollo.
Ahora en Riobamba gremios de mecánicos y modistas pueden
exhibir sedes de lujo y que únicamente son ocupadas para
los eventos sociales
de la
organización y de sus agremiados, el beneficio
colectivo es nulo. Así, de esa manera, cientos de miles de
dólares fueron derrochados en una ciudad y provincia que
se muere de sed y de hambre.

Otra forma de atraco público que ha sido vista en la
provincia de Chimborazo es la inefectividad administrativa, la
cual es pagada por todos los ciudadanos. Nuevamente pongamos un
ejemplo, en la Cemento Chimborazo administradores y trabajadores
instauraron una forma de corrupción cíclica que
funciona de la siguiente manera: Al inicio el administrador entra
con los mejores augurios y con el apoyo de los trabajadores,
quienes públicamente lo adornan con adulos. Luego los
dirigentes sindicales quieren mantener sus privilegios, por lo
que empiezan a presionar a los administradores; estos a su vez no
están dispuestos a ceder autoridad y poder, pues
eso también les representaría una
disminución en sus utilidades monetarias. No quieren ceder
contratos a los trabajadores pues no habría comisiones, ni
autoridad y de esa manera no tendrían el poder para
incrementarse los altos sueldos ejecutivos.

El paso siguiente es la pugna, trabajadores y administradores
empiezan a señalar deficiencias, cada quien acusando al
otro de irregularidades, éstas se vuelven públicas
y los medios de comunicación hacen su agosto con los
contratos de publicidad pues
cada quien "quiere levantar su imagen". Los trabajadores recurren
a una vieja trampa llamada "defensa de nuestra de empresa", la
frase es repetida varias veces hasta que se convierte en
realidad, tan convincente se vuelve que alguna reacción
social obtienen. Al final los administradores son separados y los
sindicalitas cantan victoria, saben que el que viene
tendrá que ceder a sus pretensiones si quiere permanecer
en el cargo. Nuevamente este círculo vicioso se vuelve a
repetir.

Fruto de toda esta problemática la cementera tiene
obligaciones
económicas con los trabajadores que ocupan gran parte de
sus recursos. A la hora de distribuir las utilidades el Banco Nacional de
Fomento, mayor accionista de la Cemento Chimborazo, obtiene
exiguos recursos que también son orientados a cubrir el
déficit de esa institución bancaria por las
innumerables condonaciones realizadas. ¿Quién paga
los huecos financieros de estas instituciones?

Un fenómeno parecido podría ser descrito en la
Empresa Eléctrica Riobamba en donde el alto índice
de pérdidas de energía, exagerada burocracia,
cortes eléctricos, cartera vencida y otros males son
cargados a las planillas de los usuarios, quienes además
tienen que soportar huelgas de trabajadores y situaciones
conflictivas.

Una vieja frase y que perfectamente se aplica a los corruptos
señala que "nadie roba con factura", pero muchas veces el
exceso de confianza y la audacia de algunos funcionarios
corruptos permite develar realidades. En este libro hay algunos
casos que bien vale la pena recordar.

El olvido

Muchas veces la opinión pública se pregunta por
qué en Chimborazo y generalmente en el país hay
tanta corrupción. La respuesta radica en las actitudes de
los mismos ciudadanos quienes olvidamos hechos y casos que en
momento dado son de dominio de la
opinión pública.

El olvido podría considerarse como el más grande
incentivo para los corruptos, quienes luego de algunos meses
vuelven a actuar, sea como candidatos o encaramándose
nuevamente en los cargos públicos. Sin duda los cargos
más apetecidos serán aquellos en donde se manejan
grandes cantidades de dinero o que puedan ser utilizados para
fines politiqueros y de clientelismo.

Imaginemos un escenario en el cual el olvido no sea el
denominador común en el pueblo de Chimborazo.
Políticos y funcionarios demagogos, corruptos
podrían ser desechados de la vida ciudadana, siendo
castigados por un electorado o censurados ante de una
designación. Para ello es importante establecer mecanismos
de selección
al interior de los partidos y movimientos políticos y
sociales a fin de establecer impugnaciones y censurar a aquellos
que no merecen el favor ciudadano. Un ejemplo de ese proceso bien
podría ser aquel por el cual se designó a los
miembros de la reciente Corte Suprema de Justicia.

Nunca deberíamos olvidar los casos de corrupción
en Chimborazo. Recordemos que se trata de nuestro dinero el cual
debe ser bien invertido. Tampoco debemos olvidar que nuestro
desinterés provoca muertes. Por la corrupción los
recursos de la salud no llegan a quienes más lo necesitan;
por la corrupción una sociedad puede sucumbir ante la
anarquía y el robo. Bien se dice que la corrupción
es un cáncer que en algún momento dado
podría matar lo que queda del Ecuador, al menos en
aspectos como el desarrollo y la prosperidad de todos y cada uno
de nosotros.

Combatir la corrupción es defender la vida.

NOTAS

1. Rodrigo Borja en el mismo libro señala
refiriéndose a la corrupción en los
políticos, "…vagancia, pereza, egoísmo,
corrupción, irresponsabilidad y otros más son los
siete pecados capitales de la mal llamada clase
política ecuatoriana. Mientras eso persista podremos las
mejores y más perfectas constituciones que la cosas no
marcharan bien".

2. Osvaldo Hurtado en la misma entrevista también
señaló:… "presidentes toman decisiones para
favorecer intereses particulares, jueces toman decisiones para
favorecer intereses particulares, diputados, gobierno nacional
toman decisiones para favorecer intereses particulares ¿y
quién se ocupa del interés público?".

*Riobamba: las secuelas
de la explosión

El informe
preliminar de la Contraloría General del Estado
evidenció que en los contratos suscritos para la
reparación de viviendas se fijaron diferentes precios
referenciales para la primera fase.

Además, la Procuraduría
cuestiona la legalidad de
la Unidad Técnica de Emergencia

María Esther Pasmay, propietaria de una casa ubicada en
la calle Uruguay 18-15
y Chile, no oculta su molestia porque su vivienda haya sido
incluida en la segunda etapa de la reconstrucción de
Riobamba, tras la explosión de los hangares 78 y 79, de la
Brigada Galápagos, el 20 de noviembre
de 2002.

Esa inclusión significa que recibirá un monto de
$3 600. Tras la explosión, el cielo raso de su casa fue
cambiado por un contratista, por lo que no se justifica que
conste para una segunda reparación.

Pasmay consta en la lista de autorreparación y
habría recibido el cheque
número 001528 por un monto de $218,19, el 25 de marzo de
2003. Ella lo niega: "No sé ni cuánto han gastado
ni nada, no recibí ningún cheque".

A Piedad López Valarezo le cambiaron 20 vidrios en sus
dos casas (una en la calle Veinticuatro de Mayo 25-71 y la otra
en la Doce de Octubre 23-31), en las cuales no se habría
gastado más de $150. Al igual que Pasmay, ella consta en
la lista de la segunda etapa con un presupuesto total
de $6.600 para cambiar vidrios. "¡Se imagina! Yo le invito
para que cuenten los vidrios y evalúen". Oficialmente, en
este último caso, la Unidad Técnica de Emergencia
(UTE) negó que esta casa hubiera sido reparada. La UTE es
el organismo técnico creado, el 22 de noviembre de 2002,
para la reconstrucción de la ciudad de Riobamba.

Algo más: las casas de Clara Vinueza, Ricardo Guevara,
Gonzalo Cruz, Luis Mancero y Santiago Toapanta ya fueron
reparadas, pero la UTE dice que no. En la mayoría de casos
se repusieron los ventanales.

El último 8 de marzo hubo un intenso
movimiento de
contratistas en el salón municipal José
María Román. Todos ellos, junto a fiscalizadores y
funcionarios municipales, fueron citados con la finalidad de leer
el borrador del informe de Contraloría sobre los recursos
económicos utilizados por la UTE. La sesión tuvo el
carácter de reservada, pero al final
trascendió alguna información: 104 contratistas
deberán devolver aproximadamente $83 mil, pues la
Contraloría encontró "una alteración en los
precios unitarios contractuales, por lo que se realizó la
reliquidación".

Esta alteración se habría producido
especialmente en el precio
referencial del vidrio que se
utilizó en las obras de reconstrucción. José
Vaca, ex representante del Municipio de Riobamba ante la UTE,
señala que no hubo tal sobreprecio, pues "se establecieron
33 rubros que serían utilizados en la
reconstrucción, incluido el vidrio, pero luego fue
necesario realizar una nueva revisión de precios". Por
ejemplo, al inicio de la reconstrucción, la UTE
estableció un precio referencial del metro cuadrado del
vidrio de 3 mm a $7,26 pero luego decidió revisarlo y lo
estableció en $9,27.La Contraloría considera que
nunca debió hacerse tal revisión y que se tuvo que
respetar el precio inicial. Marco Portalanza, presidente de la
Cámara de la Construcción, defiende la legalidad del
incremento "por la especulación y la demanda".
Entre las autoridades, círculos políticos y los
ciudadanos riobambeños se cree que todos estos
ingredientes abonan la posibilidad de que el Gobierno no entregue
más recursos para la reconstrucción de Riobamba y
se haga de la "vista gorda", mientras se resuelven temas como la
legalidad de la UTE y la emisión del informe final de
Contraloría.

Rodrigo García, diputado de Chimborazo por el
Movimiento Pachakutik, dice que es inaceptable que el Gobierno
incumpla porque es su obligación atender hasta que se
concluya la reconstrucción definitiva. Para él,
"gran parte de la reconstrucción se ha logrado por el
propio esfuerzo de los riobambeños".

Un trabajo
realizado por la Procuraduría General del Estado (PGE)
demostraría que el presupuesto presentado por la UTE para
la denominada segunda etapa, estaría inflado en cifras y
casos. Esa instancia visitó 50 casas, que forman parte de
los 470 casos señalados en ese presupuesto; es decir, la
muestra fue
del más del 10% y las casas están ubicadas en
diferentes partes de la ciudad.

El análisis señala, en su parte
medular, que el 25% de las casas incluidas ya fueron intervenidas
por la UTE. Sin embargo, todas ellas constan en el presupuesto y
con cantidades mucho mayores a las gastadas.

En un resumen del informe de la Procuraduría, las casas
ya intervenidas suman un presupuesto referencial de $53 200,
cuando en verdad se habría gastado $3 090. Con este
antecedente, se estima que el presupuesto de la segunda etapa es
irreal y no ascendería a los $2 388 000 sino a una
cantidad menor. (JP/OP).

¿El Cuerpo de Ingenieros fiscaliza la
reparación?

El Municipio riobambeño incluye a
los militares en la fiscalización

Fuentes que prefirieron no identificarse
cuestionan la presencia del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército en la fiscalización de la obras de
reconstrucción, "si fueron los militares quienes
provocaron la explosión, ahora son juez y parte", dicen.
Este diario intentó conversar con el coronel David
Padilla, quien se encuentra al frente de un equipo de 20
militares que cumplen la tarea de fiscalización desde la
oficina
provincial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Su
respuesta fue: "No tengo la autorización de mis
superiores". El comandante del Cuerpo de Ingenieros, Juan
Reinoso, afirmó que esta unidad no tuvo ninguna
participación en la reconstrucción de la ciudad ni
en la fiscalización. Aseguró que esa dependencia
sólo participó en una evaluación
de daños y en la planificación de un presupuesto para la
reparación de la Brigada.

La Contraloría, en su borrador,
habría hecho observaciones de orden legal a la
fiscalización, aunque el director regional, Mario
Ríos, no dio detalles. Al parecer Fiscalización, en
algunos casos, no verificó el fiel cumplimiento de las
obras contratadas y por ello se debió hacer una
reliquidación de todos los contratos efectuados por la
UTE. De ahí que Contraloría consideraría que
los militares no hicieron bien su trabajo.

Muchos de estos militares, según los
testimonios, participaron en la elaboración del
presupuesto de la segunda etapa. Los ciudadanos también se
quejan del trato: "Da miedo ir. Los militares salen bravos, un
capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para
darles", dice Ana Robalino. Otro testimonio parecido es el de
Patricia Colcha, "los militares dijeron que no tiene nada que
ver, que si no reparamos en la primera etapa ya no había
esperanzas". (JP/LB)

¿Quién creó y
legalizó la existencia de la UTE?

A 16 meses de operar la unidad técnica se
cuestiona su legitimidad

La legalidad de la Unidad Técnica de Emergencia (UTE)
ha sido puesta en duda por la Procuraduría y le ha dado
más de un dolor de cabeza al alcalde de Riobamba, Fernando
Guerrero. Este es un tema importante en el seguimiento del
proceso de fiscalización de los gastos efectuados
en la reconstrucción, tanto que el 25 de agosto de 2003 se
inició una indagación previa para verificar la
legalidad de la UTE.

Daniel Escobar Zurita, delegado de la
Procuraduría General del Estado, sostiene que hubo
"falsedad en instrumento público, pues nunca se
probó que el Gabinete ministerial creó la llamada
UTE tal como lo señala el alcalde Guerrero en la
resolución administrativa 95-SCM-2002". Guerrero se
defiende: "Si nosotros no afrontábamos el problema,
¿quién lo hubiera hecho?". La creación de la
UTE podría tener una explicación cuando el 27 de
noviembre, siete días después de la
explosión, el ministro de Vivienda, Nelson Murgueytio,
firmó el "Plan Operativo de
Intervención Inmediata", que en su fase prioritaria
señala: "Reponer ventanerías, puertas de calle,
cubiertas de toda la ciudad.

Para el efecto se ha implementado la Unidad
Técnica de Emergencia que laborará entregando a la
ciudadanía el calendario de recepción de documentos". Ni
en el decreto de emergencia 3386, publicado en el Registro Oficial
del 5 de diciembre de 2002, ni en los archivos de la
Presidencia de la
República, como lo certifica Guillermo Astudillo
Ibarra, secretario de la Administración Pública
encargado, el 12 de agosto de 2003, consta la creación de
la UTE. Consultado al respecto, el ex ministro de Vivienda,
Nelson Murgueytio dijo que la UTE se creó por un convenio
tripartito entre el Ministerio que él presidía, el
de Defensa y la Municipalidad de Riobamba. La UTE recibía,
según Murgueytio, los fondos para la reconstrucción
a través de la Alcaldía la cual los obtenía
desde el Gobierno. La creación legal estaría
consignada en el Plan Operativo que firmó el Ministerio de
Vivienda, el 27 de noviembre de 2002, según el alcalde
Guerrero. Mientras la Fiscalía investiga el caso, otros problemas se
ciernen sobre la UTE.

El Gobierno de Gutiérrez no ha enviado
más recursos, en todo este año, para la
reconstrucción de más de 4.000 viviendas que
están incluidas en la segunda etapa. Guerrero, el pasado 7
de marzo, durante la inauguración de la pista
sintética del estadio de Riobamba, se refirió al
tema: "Han creado la muletilla de que no se envían los
justificativos. Nos falta entre $4 millones y $5 millones para
completar la reconstrucción". La respuesta de Lucio
Gutiérrez: ni una palabra.

Por ejemplo, el coliseo mayor de deportes Teodoro Gallegos Borja
aún muestra las huellas de la explosión. "Se
necesita un presupuesto referencial de $389 mil para repararlo",
señala Felipe Serrano, presidente de la Federación
Deportiva de Chimborazo. Falta por reparar la cubierta y paredes.
Con el daño
del coliseo, Riobamba perdió su escenario deportivo y
social cubierto más grande.

Los temores de que algunos ciudadanos no reciban
el dinero para la reparación no son aplacados por el
gobernador de Chimborazo, Marco Chávez. Dice no conocer y
solo aspiraba a que en la reunión del jueves pasado con el
presidente de la República las autoridades de Riobamba
planteasen este tipo de necesidades. Asimismo, 62% de una muestra
de 63 contratos firmados por la UTE tuvieron una póliza de
fiel cumplimiento de contrato de la
Agencia de Aseguradora del Sur, en Riobamba. Esta firma es
gerenciada por Fabricio Guererero, hijo del alcalde.

Entre las compañías de seguros y
corredores existe la sensación de que las ventas de
pólizas que tiene que ver con la contratación
pública ha disminuido, pues hay una concentración
en Aseguradora del Sur. Fabricio Guerrero se defiende y dice que
la preferencia de los contratistas gira en torno al
servicio, "nosotros les ofrecemos un mejor precio y mejores
condiciones para las pólizas". En cambio, el alcalde dice
no tener ninguna responsabilidad: "Pregunte a los contratistas y
al gerente de la
aseguradora, no tengo que ver en eso". (JP/OP)

 La ayuda para 21 heridos todavía
está en espera.Los defensores de los DDHH critican la
actitud clientelar del Gobierno.

Diez muertos fue la cifra oficial en la explosión del
20 de noviembre de 2002. Los heridos se contaron en alrededor de
300, en su mayoría por cortes de vidrios que explotaron
por la onda expansiva. De ellos, 21 heridos aún esperan la
ayuda de las autoridades.

Para ayudar a esas personas se creó el Comité de
Solidaridad por
la Vida y Dignidad de
Riobamba, encabezado por el obispo Víctor Corral Mantilla.
En octubre de 2003, se lanzó la campaña "El
Dólar de la Solidaridad", "en vista de la
desatención del Estado y las FFAA". Con ese dinero se
pensaba atender a esas 21 personas.

En la página web de la Fuerza
Terrestre, aparece un comunicado bajo el título 'Trabajo
solidario de Riobamba'. Allí se señala que se
asignó un valor de $847 212, "que han sido entregados a
los familiares de los fallecidos y heridos… Son más de 1
000 personas las beneficiadas". El vocero del Ministerio de
Defensa, Edison Narváez, dijo que ese aporte fue una
contribución de las FFAA. para ayudar las víctimas,
a pesar de que no era su obligación legal.

El 20 de noviembre anterior la Fuerza Terrestre ofreció
$100 mil, "esto es una burla más de la Brigada a
Riobamba", señaló el vicepresidente del
Comité de Solidaridad, Jorge Luis Idrovo, quien
presentó los casos ante la Comisión Interamericana
de la Derechos Humanos,
"por la gravedad y la urgencia por la que atraviesan 21 personas,
entre ellos niños con requerimientos urgentes de
transplantes de órganos (córneas), así como
la atención inmediata a los familiares de las
víctimas fallecidas y/o desaparecidas". El 7 de marzo, en
un comunicado, el Comité rechazó "la
práctica política clientelar que usted lidera
señor presidente" y solicitó los recursos para la
reconstrucción y los heridos. (JP/LB)

Cronología

20 de noviembre de
2002, 16:00, ocurre la explosión de la Brigada
Blindada Galápagos, ubicada en la zona Nororiental de la
ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, que deja como
saldo 10 personas muertas y alrededor de 300 heridos.

El presidente Gustavo Noboa Bejarano emite el Decreto
Ejecutivo número 3369 en el que declara el estado de
emergencia en Riobamba, 25 de noviembre

El agente fiscal Plinio Vaca inicia la indagación
previa para investigar las causas de la explosión. El
Gobierno de Gustavo Noboa emite el Decreto Ejecutivo
número 3386 para la transferencia de recursos.

27 de noviembre. El Gobierno Nacional otorga una
primera asignación de $1 500 000 para iniciar la
reconstrucción.

27 de noviembre. El ministro de
Vivienda, Nelson Mugueytio, firma el 'Plan Operativo de
Intervención Inmediata', en donde se habla de la
implementación de la Unidad Técnica de Emergencia
(UTE).

28 de noviembre. El alcalde de Riobamba,
Fernando Guerrero emite la Resolución Administrativa
número 095-SCM-2002 que crea la Unidad Técnica de
Emergencia. Se señala "que el Gabinete Ministerial
creó la Unidad Técnica de Emergencia".

18 de diciembre. Se hace la segunda
transferencia por la cantidad de $1 500 000.12 de agosto del
2003. El secretario de la Administración
Pública encargado, Guillermo Astudilo, certifica que no
existe decreto alguno que haya creado la UTE.25 de
agosto. Juan Rivera Fierro, ministro fiscal de Chimborazo,
abre una indagación previa para investigar la legalidad de
la UTE.

1 de octubre. Juan Rivera dicta una
instrucción fiscal por la explosión de Riobamba e
imputa a los generales Norton Narváez, Oscar Isch y al
coronel Roberto Drouet por homicidio
inintencional.

12 de octubre. Nelson Alarcón,
asesor jurídico del Miduvi, certifica que no existe
acuerdo ministerial que crea la UTE

20 noviembre. Se realiza la marcha Por
la vida y la dignidad de Riobamba.

LAS EXPRESIONES

Da miedo ir. Los militares salen bravos. Un
capitán dijo que el señor Gobierno ya no tiene para
darles. Ana Robalino, vecina

El Cuerpo de Ingenieros no tuvo ninguna
participación en la reconstrucción de
RiobambaComandante Juan Reinoso.

*Reportaje publicado en el Suplemento Blanco
y Negro de Diario Hoy el 24 de marzo del 2004, bajo el
título "Riobamba las secuelas de la
explosión".

Editor: Orlando Pérez.

*Juntas campesinas o servicio de
justicia privada

Las organizaciones creadas para garantizar la seguridad de
algunas zonas del país, según varias denuncias, se
están extralimitando en sus obligaciones al violar los
derechos humanos,
atribuirse la condición de jueces y usurpar funciones de
otras autoridades. En Tungurahua ya se solicitó su
suspensión hasta que se defina el marco legal y campo de
acción.

Para los juristas, estas entidades no tienen respaldo
legal para que funcionen y actúen como grupos privados
de seguridad.

Segundo Guanoluisa prefiere no hablar con la prensa luego de
los amargos días que pasó retenido en alguna
comunidad del
cantón Guano. Él fue capturado el pasado 27 de
abril y no fue sino hasta el 14 de mayo que volvió a ver a
su familia. Su
delito: no pagar
una deuda a un miembro de las denominadas Juntas Campesinas.El
tema no es nuevo. Desde el año 2001 se han reportado
alrededor de 12 retenciones por parte de estas
organizaciones.

Y hay una "novedad": el sistema colombiano del 'boleteo'
(convocar, mediante carta, a una
persona para
'rendir cuentas' a las Juntas) es utilizado por estas
organizaciones. Por ejemplo, la Central de Juntas de Campesinado
del cantón Quero, a finales del año pasado,
envió a un campesino de
esa zona un oficio donde le pedía asistir a la
sesión "a fin de que responda (por los) cargos formulados
en su contra por parte del señor…". Luego añade:
"Caso contrario tomaremos nuestros procedimientos".
(Se omiten los nombres de los convocados y los demandantes por
seguridad de los involucrados).

Las Juntas Campesinas no son una obra de la casualidad. En los
años sesenta, Guambaló una comunidad del
cantón Quero, en la provincia de Tungurahua, era acosada
por al cuatrerismo y la violación de mujeres. El sacerdote
del lugar, Luis Aníbal Navas, organizó a los
campesinos para proteger la integridad física de los
pobladores y sus propiedades. Ahora, el sector está libre
de la delincuencia y
ese ejemplo fue seguido en las provincias de Chimborazo,
Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos y
Esmeraldas. Según sus dirigentes, cuentan con 20 mil
miembros activos. Pero,
según testimonios de campesinos y varios juristas,
además del control
delincuencial, las Juntas Campesinas son tribunales de justicia
privada. Ahí se procesan "juicios" por conflictos de
tierra,
divorcios, herencias y hasta infidelidades.

Las Juntas se apoyan en un Decreto Ejecutivo emitido el 10 de
octubre de 1966 por el ex presidente Clemente Yerovi, en donde se
aprueban los estatutos de las Federación de Juntas de
Defensa del Campesinado del Tungurahua para la protección
de la propiedad
privada y en el artículo 59 la Ley de Mediación y
Arbitraje, que
señala que "las comunidades indígenas podrán
establecer centros de mediación".

Según Carlos Zambrano, de la Central de
las Juntas del Campesinado de Quero, la función es
velar por la paz y la tranquilidad de la gente: "Defendemos a la
gente marginada, velamos para que no haya delincuencia". Pero la
actuación de las juntas tiene detractores en las mismas
comunidades. Julio Montero, de la comunidad Chocaví
Central, señala que existen abusos, "a veces se propasan,
a la gente se le castiga y no hay unos buenos arreglos". Montero
dice haber sido testigo de varios juicios, "en el conflicto de
herencias no hay un buen arreglo. Se ponen de acuerdo y a los
culpables se les latiguea".

El ministro distrital fiscal de Chimborazo, Juan
Rivera, señala que en esta dependencia existen algunas
causas en contra de dirigentes de las Juntas Campesinas por los
plagios, "queremos en forma definitiva buscar una solución
a estos problemas".Para el jurista especializado en temas
indígenas, Pablo Sarzosa, estas organizaciones no tienen
nada que ver con la justicia indígena que propugna la
Constitución en el artículo 191.
"Esto es ejercer, con el poder físico, un servicio de
justicia privada bajo la amenaza, la coerción y la
violencia",
comenta. En la misma postura se expresa Luis Andrango, director
nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos
Indígenas (Dinapin), entidad adscrita a la
Defensoría del Pueblo: "Hay una tergiversación de
los derechos colectivos de los indígenas. Las Juntas
Campesinas se salen de la ley y, con cierta complicidad,
quizá por temor, las autoridades cumplen con lo que ellos
dicen".

De hecho, en Tungurahua, el 8 de abril pasado,
las principales autoridades (Gobernación, Policía,
Corte Superior de Justicia, Colegio de Abogados y las
organizaciones de derechos humanos), solicitaron al presidente de
la República, Lucio Gutiérrez, suprimir
temporalmente las Juntas Campesinas, para iniciar un proceso de
capacitación y formación, "con el
fin de verificar la constitución y funcionamiento de
acuerdo con las normas legales
vigentes".

En Tungurahua hay varias denuncias por la
acción de las Juntas Campesinas contra autoridades de la
Fiscalía, los defensores de los derechos humanos, de las
organizaciones indígenas y, fundamentalmente, a los
campesinos pobres.Incluso, Amnistía Internacional (AI) ya
ha puesto sus ojos en el tema a propósito de un hecho
ocurrido el mayo de 2003. Según la entidad con sede en
Londres, 300 personas, integrantes de las Juntas Anticuatreras
(ligadas a las campesinas) "armados de látigos y armas de fuego,
amedrentaron a dos ciudadanos en Echeandía, provincia de
Bolívar". El fiscal que sigue el caso vive bajo
protección policial. La Fiscalía General de la
Nación
no ha respondido a AI por las acciones que debería tomar
para evitar este tipo de delitos.
(OP/JP)

Entrevista

"Nosotros estamos en
contra de los malos vicios"

El dirigente nacional de las Juntas
Campesinas dice que preparan varios proyectos para
regular legalmente su actividad. Califica de delincuentes y
resentidos a quienes han denunciado agresiones físicas y
violación de derechos humanos. Y señala que se
encuentra en una etapa de "revolución, de ideas y de pensamiento",
pero que no se plantea el uso de la fuerza ni de las armas en su
accionar

¿Ustedes perdieron la confianza en la
administración de la justicia formal y por eso la ejercen
a través de las Juntas Campesinas?

Más de un 90% de las personas han perdido esa
confianza. Las leyes son claras y transparentes, pero quienes
administran justicia, con muy pocas excepciones, son los que se
equivocan hasta cierto punto a propósito con
premeditación y alevosía. Nadie está libre
hoy en día, menos los campesinos. Es una novedad que haya
honrados y no ladrones. Hoy más fácil ser corrupto
que correcto.

¿Se ha dicho que en sus acciones se utiliza la
violencia?

Cada quien las interpreta a su conveniencia.
Somos mal vistos por la gente a la que no le gusta andar
correctamente. Nos tiene sin cuidado lo que digan porque hay un
Dios y nuestra conciencia es transparente. Lo que pasa es que,
donde no hay Junta de Defensa del Campesinado, cada quien hace lo
que le da la gana, pero donde una de ellas se forma, las personas
se autoeducan y autodisciplinan.

¿Las retenciones que se hacen para
algunas personas son consideradas plagios?Son cosas
diferentes. Hay ciudadanos que quieren sorprendernos a nosotros;
el mañoso ha venido a refugiarse en las Juntas. Al
averiguar el asunto, confrontando a las partes, vemos que quien
vino por lana sale trasquilado. Automáticamente, el deudor
que quiso sorprendernos tiene que pagar, sino no sale. Tiene que
pagar la deuda, sin intereses, para salir.¿Hay
varias denuncias de que ustedes aplican castigos
físicos?

En ningún momento. Nosotros somos
respetuosos de eso. Lo que pasa es que cuando se hacen los
arreglos entre las dos partes, se elabora un acta de respeto mutuo y
ellos mismos se condicionan con sanciones de multas y castigos.
Si infringen ese acuerdo, los dirigentes acatan los que han
resuelto las partes.

¿Y han resuelto que se castigue con
azotes?

No, jamás. Hay gente que quiere hacernos
quedar mal.

¿Se ha dicho que en algún
momento ustedes podrían tomar las armas?No,
nosotros aceptamos que nos digan revolucionarios, porque estamos
en una etapa de revolución de ideas, de pensamiento, mas
no vamos a aceptar que se nos tache de ser sanguinarios. Lo que
en realidad estamos haciendo es ir en contra de los malos vicios
de las personas.

¿Ustedes proponen una reforma legal
para que el artículo 191 de la Constitución tenga
una aplicación práctica y legal para las Juntas
Campesinas?Estamos sistematizando esos proyectos y vamos
a ir al Congreso. Tenemos que pedir que se reglamenten nuestras
acciones como Juntas.

¿Qué autoridades los
apoyan?

Muchas. No podemos dar nombres porque hoy en
día a esas autoridades las asedian, les dicen que son
revolucionarios y agitadores. Hay que tener cuidado, porque hoy
no respetan la honra ajena, la denigran.

¿Usted es un hombre
amenazado?

Me intentaron asesinar. Hace dos años me
acribillaron a tiros en el cantón Quero. He tenido varios
atentados pero he de morir el día, no la víspera.
En Amnistía Internacional y en la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos existen varias denuncias
sobre las actuaciones de la Junta que violan los derechos
humanos.Se conoce que han hecho los resentidos y los
delincuentes, prácticamente los que han perjudicado a
muchas personas, unas denuncias ficticias. (JP)

El dirigente

Raúl Bayas, de 40 años, es agricultor.
Estudió la primaria en la escuela Mariano
Castillo. Está casado y tiene dos hijos. Se inició
en la dirigencia como presidente de la Junta del Campesinado de
Shaushi, en donde vive. Fue secretario de las Juntas de
Tungurahua y actualmente es presidente de la Confederación
Nacional de Juntas del Campesinado y secretario de Finanzas del
Movimiento Campesino de Quero. Fue también secretario de
Cabildos. De niño dice recordar cómo los cuatreros
robaban a los campesinos del sector. "Los animales
amanecían en las casas, mientras que los propietarios en
los pasillos", dice. (JP).

El "boleteo" ya es una práctica regular
en varias provincias

Algunas personas de las Juntas han
denunciado que se les utiliza para mítines
políticos

"La justicia la hacemos viendo quién tiene
la razón. Con los doctores de Derecho es un trámite
largo y posiblemente el que tiene más plata sale
favorecido y el que debe tener el derecho sale perdido", explica
Marco Cuello, dirigente de la Junta del Campesinado, para
justificar la presencia de esa organización en su comunidad, San Isidro de
Patulú.Según Cuello, el procedimiento que
se sigue en cada una de las comunidades es: se realiza una
reunión y se pone al frente a cada una de las partes en
litigio, "como conocemos quiénes son los
problemáticos se hace justicia y se le da razón al
que la tiene". Para él no hace falta testigos, "porque se
hace largo el trámite". Finalmente se firma un acta y, si
es del caso, se cobra una multa. Si los comuneros lo consideran,
el culpable deberá permanecer 24 horas detenido.

En la "práctica judicial" de la Junta del
Campesinado existen procedimientos como el girar una boleta de
comparecencia, "si no se acercan luego de dos boletas, se procede
a la retención, para que se arregle el caso". En Colombia es
conocido como "boleteo".Los castigos físicos son otra
opción para castigar a los culpables. Carlos Zambrano,
presidente de la Comunidad Asaco, en Guano, señala que las
retenciones proceden hasta que, por ejemplo, un deudor devuelva
el dinero, "si es pícaro, también tiene que sufrir
una paliza, porque ellos a nosotros no nos gustan".

Rodrigo Silva, de la Asociación Nacional
de Juntas del Campesinado, que propugna la salida pacífica
a estos conflictos,
narra como fue testigo de un linchamiento en la comunidad
Lliguinde: "Como yo soy presidente de la organización de
San Isidro, me quisieron probar a ver si yo latigueo a alguien.
Cogí el látigo pero sólo para indicarle que
es el papá quien debe reprender a su hijo". Silva
señala que los plagiados son llevados a comunidades
lejanas, "aquí deben actuar las autoridades, el gobernador
y el jefe político". Las juntas también se encargan
de patrullar cada una de sus jurisdicciones para el control de
antisociales o cuatreros.

Lo que señalan quienes se oponen a estas
organizaciones, es que no son solo de defensa y seguridad, sino
que también han caído en el juego
político apoyando a algunos partidos y participando en las
marchas organizadas, en Quito, a favor
del presidente Lucio Gutiérrez. (OP/JP).

Los casos

"Me taparon boca y ojos; luego me pusieron en un
hueco"

Rosa N., comerciante de 36 años, fue secuestrada este
año por la Junta del Campesinado. Ella fue capturada un
jueves y no fue sino hasta el sábado que fue juzgada por
una asamblea. "Me llevaron en una camioneta, tapándome la
boca y los ojos. Luego al llegar a la comunidad me pusieron en un
hueco a oscuras. Para mí es muy duro, no quisiera que a
nadie le pasara algo como esto".

Esta mujer mantuvo un
litigio con su ex marido por los bienes adquiridos durante su
matrimonio. El
insistía en llevarse la mejor parte. Rosa N. cuenta que
"tenían unos cabos y unos alambres de luz y me
decían que si me portaba mal con eso me darían". Y
comenta que ninguna autoridad puede intervenir, "ni la familia ni
un hijo puede a uno verle. Si averiguaban dónde estaba me
hubieran cambiado a otro lado".La mujer dice
haber conocido otros casos en los cuales a las víctimas se
las baña o se las latiguea.

La vida de Rosa cambió desde esta dolorosa experiencia.
"Tuve que ir a ver sicólogos; estoy amenazada por haber
denunciado este caso a Fiscalía", explica. Ahora mantiene
a sus cinco hijos sin ayuda de su ex marido, quien se
llevó gran parte del patrimonio
familiar. (JP)

"Tuve que ceder mi patrimonio familiar para evitar el
castigo"

El 25 de marzo, a las 19:30, en la salida del mercado mayorista
de Riobamba, María Cusquillo Guaranga fue plagiada por
varios miembros de la Junta Campesina. Según una denuncia
presentada el 23 de abril de 2003, Cusquillo señala que
fue traslada a una celda en la Comunidad de Valparaíso, en
Guano.

Los plagiadores le habrían dicho: "Ahora tienes que
devolver todo, arreglar los bienes con tu marido y si no arreglas
no sales de aquí". Cusquillo estaba casada con Claudio
Solórzano Hidalgo, de quien se divorció. Sin
embargo, mantenía un conflicto por la repartición
de bienes.

El sábado 27 de marzo, según Cusquillo, se dio
una asamblea de juzgamiento, "en donde estuvieron presentes el
comisario del cantón Guano, el teniente político…
Me gritaban: nosotros hacemos justicia, no hay ley ni autoridad
que nos contradiga, los jueces y fiscales conocen de nuestros
actos y nos apoyan. Si no arregla no saldrá de
aquí".

Al final, Cusquillo accedió a ceder todos los bienes a
su ex cónyuge. El Ministerio Fiscal de la provincia de
Chimborazo inició la indagación previa Nº 55
para investigar estos hechos. (JP)

Dos marchas que terminaron con la detención de 97
personas

El 26 de abril de este año, a las 12:30, Segundo
Guanoluisa fue detenido por miembros de la Policía de
Cuenca en el barrio Santa Marianita de esa ciudad. Sobre
él pesaba un boleta de comparecencia inmediata emitida por
el Comisario de Guano, Edgar Montero. El 27, Guanoluisa
llegó a la ciudad de Guano custodiado por un
policía y fue entregado a Montero. A las 08:00 se
realizó una audiencia en la que se explicó que su
detención obedeció a una deuda con Walter Guerrero,
miembro de la Junta del Campesinado.

A pesar de que se llegó a un acuerdo con la firma de
una letra de
cambio por $9 000, Guanoluisa fue secuestrado hasta el 14 de
mayo, fecha en la cual fue liberado. El caso causó un
verdadero escándalo en Riobamba, que incluso
terminó con el plagio y la posterior liberación de
Jenny Ramos, una funcionaría de la Fiscalía de
Chimborazo. Esta fue una medida de presión
para lograr la liberación de Edgar Montero por su presunta
participación en el plagio de Guanoluisa. Se efectuaron
dos marchas que terminaron en violencia y la detención de
97 personas, muchas de ellas, según su propia
confesión, pertenecientes a la Junta del Campesinado.
(JP)

*Reportaje publicado en Blanco y Negro el 22 de mayo del
2004, bajo el título de "Juntas Campesinas o servicio de
justicia privada".

Editor: Orlando Pérez

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Ilegalidad en estatuto de Juntas Campesinas

Los estatutos de la Central Nacional de Juntas Campesinas Pro
defensa de la Parroquia San Isidro de Patulú aprobados en
el Ministerio de Bienestar Social (MBS) violan la Ley,
según lo admitió Rodrigo Silva Cabezas, presidente
de la Central.

BLANCO Y NEGRO analizó el tema el sábado
anterior y descubrió que el 4 de febrero de 2003 el
estatuto de esta Central Nacional fue aprobado por Juan
Illicachi, director provincial del MBS. Para Silva, "esa
institución fue extinguida", pues se busca un estatuto
enmarcado en la ley, "ya que la institución es de derecho,
no de hecho".Mariana Barreto, actual directora del MBS, admite
que hubo serias irregularidades en la aprobación de este
estatuto, que viola disposiciones constitucionales y legales. Por
ello, Silva presentó un nuevo estatuto para que sea
aprobado, esta vez con el nombre de Asociación Nacional de
las Juntas de Desarrollo
Comunitario Integral y de Defensa del Campesinado, que busca
la administración pública y de justicia en San
Isidro, "eso corresponde al Ministerio de Gobierno, no al MBS",
señaló Barreto. (JP)

Nota publicada en Diario Hoy el 28 del mayo del
2004

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*¿Quién manda en la Cemento
Chimborazo?

Corrupción, esta palabra no es desconocida en la
Cemento Chimborazo; al contrario, en algunas ocasiones tanto
obreros, como administradores se han acusado mutuamente de varias
irregularidades al interior de esta fábrica, ubicada en
San Juan Chico y que pertenece al Banco Nacional de Fomento, que
posee el 95.2 % de las acciones.

Cemento Chimborazo fue constituida el 15 de febrero de 1951,
con el auspicio de la llamada Caja de Crédito
Agrícola. Al inicio tuvo una producción de 150 toneladas métricas
por día. En 1972 se instala la nueva Planta Nro. 2, con lo
cual mejora su producción hasta 600 toneladas
métricas de cemento, es decir produce aproximadamente 12
mil sacos de cemento por día. Este año se piensa
concluir con una producción de 172 mil 396 toneladas.

Al parecer su poca estabilidad administrativa y la falta de
atención del Banco Nacional de Fomento ha creado un
clima poco
propicio para la producción. Edén Garzón,
ex-director financiero de la Empresa señala que
continuamente ha existido un "matrimonio" entre la dirigencia de
los trabajadores y los administradores. Es decir, al inicio hay
una armonía entre ambos sectores y al final estas
relaciones se rompen, provocando la salida de los directivos.

El poder de los trabajadores

Algunos empresarios y distribuidores consideran que al
interior de la Cemento Chimborazo los trabajadores han adquirido
un poder inusual en la Fábrica, tanto que han nominado un
candidato para gerente general, Fernando Escudero, quien posee
una distribuidora de Cemento Rocafuerte.

Varios criterios señalan que, esto podría
deberse al hecho de que el Banco Nacional de Fomento se
desatendió de la empresa y solo la miró como una
fuente de financiamiento, para cubrir sus condonaciones.

El décimo séptimo contrato colectivo, que
aún rige, establece algunos beneficios para los
trabajadores y su comité de empresa. En ese documento se
incluyen alzas salariales, viáticos para los dirigentes,
vehículo para el comité, pago del impuesto a la
renta de los trabajadores por la empresa, vacaciones en Atacames,
pago de la Empresa de los festejos sindicales, financiamiento del
comisariato, construcción del complejo deportivo en
Licán y la supervisión de los sindicalistas a la hora
de incrementar o contratar personal; puntos que en la empresa
privada serían difíciles de aceptar.

Existen facturas pagadas por la empresa que van desde los 900
mil hasta los 11 millones de sucres por concepto de
viáticos de un solo día. Pero los gastos que ha
efectuado la empresa a favor de los dirigentes sindicales van
más allá del contrato colectivo. Muchas facturas
señalan gastos como alimentación en
restaurantes, adquisición de aguardiente, pago de artistas
y licores, homenajes y regalos a directivos, como el realizado a
Juan Ruales, subgerente de la empresa el día de su
cumpleaños. El regalo del comité de empresa
consistió en una cadena de oro y un Cristo del mismo
material. Todo esto cargado a partidas denominadas como: "cuotas
y contribuciones" y "gastos de gestión".

Un punto importante es el tour a Europa efectuado
por seis trabajadores, en el que se incluía el presidente
del Comité de Empresa, Mario Ortiz. El periplo fue
autorizado por el Directorio el 23 de febrero de 1999; un premio
para las personas que laboraban por más de 30 años.
El viaje se inició el 8 de mayo de 1999 y duró 19
días. Cemento Chimborazo pagó hasta los pasaportes.
En total el tour le costó a la Empresa cerca de 13 mil
dólares. De lo que se conoce, no han existido viajes
similares. Mientras eso sucede la planta Nro. 1 tuvo que dejar de
funcionar a mediados de año por ser obsoleta.

A criterio de Abraham Romero los dirigentes han equivocado su
accionar en la Cemento Chimborazo. "El sindicato ha
ido más allá de las atribuciones y está
poniendo en riesgo el futuro de la Empresa". Pero lo más
grave –señala –es que la Empresa necesita una
gran inversión y capitales frescos a fin de
modernizarse y optimizar su producción. "Cada uno de los
componentes de la Empresa debe ocupar el lugar que les
corresponde", sentencia.

De su lado Mario Ortiz defiende el derecho de los trabajadores
a intervenir en los asuntos de la empresa y mas aún cuando
se pretende venderla, "nos hemos movilizado activamente ante las
autoridades de la Provincia para evitar la privatización". Ortiz señala que si
el BNF administra personalmente la cementera tendría
utilidades por cerca de diez millones de dólares
anuales.

El Comité y sus ventas de cemento

Según Mario Ortiz, la venta de cemento
por parte del comité de empresa permite abastecer a la
ciudad de este producto y
regular un posible acaparamiento. Ortiz señala que este
comité comercializa cerca de cuatro mil sacos mensuales,
con una utilidad de cinco
mil sucres por saco. Sin embargo esta cifra al parecer no es
real, pues según datos de la
fábrica solamente en enero del 2000 el comité
vendió 20 mil sacos de cemento y en los últimos
quince días de abril vendió 6 mil sacos. Esto sin
tomar en cuenta las ventas hechas a la Cooperativa de
Ahorro y
Crédito de la cemento Chimborazo y a la Asociación
15 de Noviembre, organismos que tienen que ver con los
trabajadores. Entre el comité de empresa y la Cooperativa
de Ahorro en enero del 2000 suman 35 mil 600 sacos.

Ortiz, dice que gran parte de las utilidades de la venta de
cemento se destinan a acciones benéficas y el resto se
orienta a productos
comestibles, los cuales son entregados a los trabajadores en
Navidad. El
dirigente sindical reconoce que la venta de cemento no se
encuentra entre los fines del Comité, ni en sus estatutos,
"pero tampoco estamos haciendo algo anormal". Sin embargo, pese a
esta declaración en los círculos comerciales se
conoce una realidad: la comercialización del cemento cayó en
la informalidad. Es decir, muchas personas se dedican a comprar y
vender cemento, encareciendo el producto innecesariamente.

Un ferretero, que prefirió omitir su nombre,
señala que diariamente recibe a personas que le ofrecen
cemento por encima del precio oficial. "Toda la vida ha existido
la informalidad, cada vez es peor… esperemos que el nuevo
gerente sepa administrar la fábrica", señala. El
comerciante revela que en su círculo de trabajo se conoce
que "en Ambato, en Quito existe cemento… y eso no lo digo yo,
lo dice toda la gente que consume… tengo conocimiento
que en el Oriente hay excedentes de cemento y aquí que
somos dueños de la fábrica no tenemos el
producto".

Según el Gerente encargado de la empresa, Vicente
Novillo, en lo que va del año el Comité de Empresa
ha comercializado 128 mil sacos de cemento y la Cooperativa 90
mil sacos. Es decir, en promedio el comité comercializa
mensualmente 10 mil 600 sacos de cemento y si tomamos en cuenta
una utilidad de cinco mil sucres, tendría una ganancia de
53 millones 333 mil sucres mensuales, unos 640 millones de sucres
anuales. Este Diario solicitó un informe de los ingresos y los
gastos que realizará el comité de empresa por la
venta de cemento, pero no recibimos respuesta alguna. Resta saber
qué beneficios recibirán los trabajadores con las
utilidades de esta venta.

Algunas cláusulas del contrato
colectivo

Cláusula 20.- Señala que de existir
una vacante en la empresa ésta será llenada
mediante concurso de merecimientos y oposición, "se
dará preferencia a los hijos de los trabajadores, siempre
y cuando reúnan los requisitos". Igualmente en los que se
refiere a las prácticas estudiantiles, estas se
realizarán dando preferencia a los hijos de los
trabajadores.

Cláusula 30.- Establece los permisos para
los trabajadores en caso de becas. Los trabajadores
tendrán licencia con remuneración y además
se les pagará viáticos, pasajes o
subsistencias.

Cláusula 32.- Obliga a Cemento Chimborazo pagar
los gastos médicos en el país o en el exterior,
cuando el trabajador lo requiera. La Empresa cubrirá
pasajes, estadía del trabajador y el pasaje de un
acompañante.

Cláusula 33.- Establece los permisos a los
dirigentes por tiempo
indeterminado, sin descuentos de sueldo. A más de ello la
Empresa paga viáticos y subsistencias por los viajes
sindicales. En esta cláusula Cemento Chimborazo se obliga
a comprar un vehículo en buenas condiciones para uso
exclusivo del Comité de Empresa y a pagar el mantenimiento
y el combustible que se gaste, sin límites.

Cláusula 36.- En esta cláusula la
organización sindical recibirá el 100% de las
multas que los administradores impongan a un trabajador

Cláusulas 48, 49, 50, 51, 53.- Establece dos
bonificaciones; el escalafonario y por años de servicio, y
tres subsidios; el familiar, educación y de
antigüedad.

Cláusula 54.- La Empresa se compromete a pagar
el impuesto a la renta de todos y cada uno de los
trabajadores.

Cláusula 55.- Establece pólizas de seguro
privadas para los trabajadores

Cláusula 56.- Cemento Chimborazo
gratificará tres veces al año a los trabajadores:
el 1 de Mayo, el 10 de Agosto y el 15 de Noviembre. En esas
ocasiones recibirá casi un sueldo.

Cláusula 58.- Establece los préstamos a
los trabajadores sin intereses.

Cláusula 59.- Los hijos de los trabajadores que
tengan un promedio de 17.51 en sus notas estudiantiles
recibirán una beca de la Empresa, una vez al
año.

Cláusula 60.- La Empresa pagará todos los
gastos que deriven de un evento deportivo interno, intersindical
o interinstitucional.

Cláusula 62.- Este año los 194
trabajadores recibirán 318 millones de sucres por agasajo
navideño. Además en esa fecha recibirán
arroz, azúcar
y aceite
comestible.

Cláusula 64.- La Empresa destinará 80
millones de sucres para el Comisariato de los trabajadores.

Cláusula 65.- Establece los paseos anuales del
trabajador y seis familiares a Atacames, en donde Cemento
Chimborazo posee cabañas. La Empresa ayudará a cada
trabajador que sale de paseo con 280 mil sucres y un
préstamo de un millón de sucres. Además
provee de transporte.

Cláusula 66.- Cada trabajador tiene derecho a un
cupo de 1.500 sacos de cemento con el del 50% de descuento para
construir, ampliar, reparar o adecuar su vivienda.

Cláusula 67.- La Empresa se compromete a
construir un complejo deportivo para los trabajadores en
Licán.

Algunos gastos pagados a los sindicalistas

Fecha Monto /sucres Motivo

26 y 29 de marzo de 1999 1.186.309 Pago de restaurantes

9 de abril de 1999 4.500.000 Festejo por la firma del XVII
Contrato Colectivo

13 de abril de 1999 5.620.000 Homenaje al Gral. Telmo
Sandoval

13 de abril de 1999 8.300.000 Pago de artistas

13 de abril de 1999 20.000.000 Compra de 500 litros de
aguardiente

19 de abril de 1999 11.129.000 Pago de artistas

26 de abril de 1999 9.000.000 Programa de por
Día del Trabajador

11 de mayo de 1999 10.300.000 Inauguración del Congreso
de FENATRACCIA

26 de mayo de 1999 10.825.000 Festejo del cumpleaños
del subgerente Ing. Ruales

Algunos viáticos pagados a los trabajadores
(sucres)

Fecha Monto Motivo

29 de enero de 1999 7.436.800 Desconocido

2 de febrero de 1999 11.936.800 Tratamiento contrato
colectivo

9 de marzo de 1999 997.200 Tratamiento contrato colectivo

23 de marzo de 1999 9.141.000 Tratamiento contrato
colectivo

25 de enero del 2000 4.500.000 Desconocido

Los gerentes y sus pecados

Las etapas Gallegos y Sandoval

Cuando el 26 de mayo de 1997, Teodoro Gallegos Salem,
asumió la presidencia de la Cemento Chimborazo, nadie
creía que en su administración se provocaría
uno de los paros laborales más largos de la
fábrica, del 15 mayo al 27 de julio de 1998. Según
Gallegos Salem, él empezó a combatir a la
dirigencia sindical corrupta, que cobraba viáticos y
especulaba con el cemento. "Ellos se creen dueños de la
empresa, y son los únicos que usufructúan y se
benefician de ella". Por su parte los dirigentes sindicales
denunciaron a Gallegos de haberse beneficiado por el incremento
ilegal de sueldos, viáticos, dietas,
donaciones injustificadas y desembolsos sin respaldo. Las
pérdidas de este paro
ascendieron a 3 mil 500 millones de sucres.

Luego que el 13 de octubre de 1997 salieran de la
fábrica, Teodoro Gallegos y Patricio Moncayo, presidente y
gerente de la Empresa, respectivamente, entraron a administrar la
planta el Gral. Telmo Sandoval y el Crnel. Marco Miño. Con
estos cambios se pensaba, se inició una nueva etapa en la
fábrica, incluso en varios medios de comunicación
el Comité de Empresa apoyó las gestiones de
Miño en beneficio de la empresa, quien a finales de 1999 y
a mediados del 2000 empezó a publicar sus resultados y a
trabajar más estrechamente con los medios de
comunicación, especialmente radiales en la promoción de la empresa. A mediados del
2000 se dio a conocer una utilidad para la empresa muy superior a
los demás años.

¿Pero qué tan beneficioso fue la labor de los
ex-militares? A criterio de Edén Garzón y
Víctor Morejón Rivas, ex-trabajadores de la
empresa, todos los resultados eran "maquillados", con el fin de
permanecer en la Empresa. El 26 de julio de este año,
Garzón y Morejón publicaron un cuadro referencial
de producción de los últimos nueve años, en
donde claramente se observó que la producción de
1999 no superó las cifras registradas en 1996 y 1997. Si
la producción de cemento no superó estos
límites, ¿cómo se podía hablar de una
utilidad diez veces mayor a los últimos diez
años?

Según el informe de la empresa, en el año 1999,
esta fábrica vendió 172.496 toneladas
métricas de cemento, es decir, tres millones y medio de
sacos de cemento, una cifra que no superó al año
1997, donde se vendieron 204 mil toneladas de cemento. Esto
demostraría que resulta imposible que el primer semestre
del 2000 la empresa haya tenido utilidades de más del 173
% tal como lo señala un informe de ese período, mas
cuando se produce la misma cantidad de cemento del año
1999, es decir unos 12 mil sacos al día. El 28 de abril
del 2000, el gerente Marco Miño, ofreció
–para un proyecto forestal
–mil sucres por cada saco de cemento y reconoció que
se recaudarían unos 12 mil dólares al mes, esto
quiere decir que se producía unos 10 mil sacos
diarios.

Al final Sandoval y Miño salieron luego de cumplir su
período, no sin antes esforzarse por promocionar su
gestión ante los medios de comunicación.

El ofrecimiento de Miño

Ventas de cemento al mes Recaudación al mes

4 ctvs./saco de cemento 10.000 sacos 12.000 dólares

En abril Marco Miño prometió mil sucres por cada
saco de cemento para forestación. En 7 meses
debería haber un fondo de 84.000 dólares.

Miño: Gerente y Comercializador

Marco Miño Montalvo, quien hace algunas semanas
desempeñaba el cargo de gerente general de la Cemento
Chimborazo, es muy conocido en la ciudad de Archidona, en donde
mantiene su residencia.

Todos en esta ciudad y en el Tena saben que comercializa con
Cemento Chimborazo desde algún tiempo atrás,
incluso en su casa en Archidona en las calles Quijos y Napo, se
puede ver un letrero que claramente señala que ahí
se distribuye el producto. En estas dos ciudades de la provincia
de Napo, mantiene locales comerciales llamados "Piedmar", debido
posiblemente a la abreviación de los nombres Piedad
Mancheno -su esposa -y Marco Miño.

El ex-gerente es muy conocido en la ciudad del Tena y
allí lo califican como un hombre rico y de mucho poder,
que ha ayudado a candidatos socialcristianos. Muchos temen hablar
de él. Entre sus bienes consta el Liceo Militar
"Héroes del Cenepa", la Hostería Orchids Paradise,
los locales "Piedmar" y según dicen varias fincas.

Hugo Mancheno, cuñado de Marco Miño,
confirmó lo que muchos no quisieron hablar ante una
grabadora. "Eso es lo que todos conocemos, él tiene dos
grandes almacenes que
están a nombre de mi hermana… desde hace unos cuatro
años ha venido distribuyendo Cemento Chimborazo en grandes
cantidades".

Pero una revelación de Mancheno explicaría los
grandes desabastecimientos que existían en la ciudad antes
de cada incremento de precios. Al parecer Miño se
aprovisionaba del producto a sabiendas de que el precio
subiría. "Yo vi que en una noche llegaron unos tres
trailers y al siguiente día el precio llegó hasta
las nubes, eso sí lo pude verificar".

Debido a la naturaleza de
su función, Víctor Morejón, señala
que Marco Miño usaba a terceras personas para
comercializar con el Cemento. Así aparecen nombres como
Rocío Luco de Espíndola, quien del 10 al 15 de
junio compró 1.950 sacos de cemento, a crédito y
sin cheque de garantía. Así mismo, este nombre
aparece en una factura, por la compra de 3.600 sacos de cemento a
crédito y sin cheques de
garantía. La dirección de entrega coincide con uno de
los locales PIEDMAR. En el Tena, Luco de Espíndola es una
amiga cercana de la familia Miño Mancheno.

Pero las relaciones comerciales de Miño con la Empresa
que él dirigía no llegan hasta allí. Un fin
de semana, que se inició el 28 de mayo de 1999, veintiocho
personas, entre funcionarios, miembros del Comité de
Empresa y de la Asociación de Empleados realizaron una
charla técnica en la Hostería Orchids Paradise
Lodg, en la vía entre Archidona y Cotundo de propiedad de
Marco Miño. El viaje, la estadía y la
alimentación le costaron a la Empresa 13 millones 787 mil
sucres. En ese entonces Edén Garzón, director
Financiero de la Empresa y quien no compartía con estas
actuaciones se preguntaba, ¿Conferencia de
qué?

A pesar de que Miño era conocido en el Tena como un
comercializador de cemento, en abril de 1999 consta como uno de
los beneficiarios de la compra de cemento a mitad de precio; un
beneficio del contrato colectivo de los trabajadores. Fueron en
total 380 sacos.

Hasta el momento quedan en el aire,
ofrecimientos de Miño que realizó en 1999 de
duplicar la producción de cemento y en abril de este
año de destinar 12 mil dólares mensuales para
reforestación.

La lucha por una gerencia

Sin lugar a dudas unos de los puestos más codiciados en
la Provincia es la gerencia del
la fábrica Cemento Chimborazo debido al monto de su sueldo
y al poder que se adquiere en la distribución de este
producto. En 1996 el sueldo del gerente era de 1.594
dólares, pero la cifra fue subiendo hasta que Marco
Miño terminó ganando 6 mil dólares, una
cifra récord. Los mismos trabajadores reconocen que en la
Cemento Chimborazo se otorgan viáticos a los
administradores, de hasta 200 dólares por día. Los
sueldos de los demás gerentes y subgerente administrativo
pasarían de los cien millones de sucres, cada uno.

El pasado 27 de noviembre la Junta General de Accionistas de
la Empresa intentó nominar a sus nuevas autoridades.
Había varios candidatos entre ellos Abraham Romero y
Fernando Escudero, éste último apoyado por los
trabajadores.

La reunión terminó sin la designación a
los nuevos administradores, pues los trabajadores rechazaron la
nominación de Romero. "Él es partidario de la
privatización… con esa posición nosotros
jamás aceptaríamos que él venga de Gerente
de la Cemento Chimborazo", dice Mario Ortiz.

No obstante los trabajadores se preparan ante una posible
privatización, y en la revisión del
decimoséptimo contrato colectivo plantean la compra de
renuncias, "tal como ha sucedido en otras entidades del Estado",
explica Ortiz. En su propuesta los trabajadores plantean una
bonificación de 25 mil dólares, para aquellos
trabajadores que presenten su renuncia voluntaria, y si han
trabajado más de cinco años una bonificación
extra de mil dólares por cada año.

Por su parte Abraham Romero, dice no haberse "palanqueado" el
puesto de la gerencia de Cemento Chimborazo y reconoce que hace
falta capitales frescos. Rechaza el hecho de que se pretenda
captar la gerencia con carteles y consignas, como si se tratara
de una campaña política.

El directorio no acierta a nominar a los administradores de la
empresa. Cada lunes este organismo se reunirá en Quito a
fin de analizar su posición. Hasta el momento se ha
nombrado al subgerente titular, designación que
recayó en el Dr. Vicente Novillo, ex-subgerente general
del BNF.

¿Quién designa al gerente? El principio de
autoridad está en juego. Lo más probable es que los
trabajadores están preocupados ante esta
designación, mas cuando está de por medio la
revisión de otro contrato colectivo que entraría a
regir el próximo año, pues el último fenece
en febrero del 2001.

Los juicios contra Teodoro Gallegos Salem

Teodoro Gallegos Salem, ejerció la presidencia del
Directorio de Cemento Chimborazo desde el 26 de mayo de 1997 al
22 de julio de 1998. Durante su permanencia en este puesto
habría incurrido en varias irregularidades, que de alguna
manera tenían que ver con dinero. Deloitte & Touche,
una empresa
auditora determinó presuntas irregularidades entre las que
se señala incremento de sueldos, incremento de dietas,
viáticos injustificados, sospechosas donaciones, pago de
sobreprecios en contratos, cheques girados sin
justificación y pago a presuntas asesorías. La
auditoria señaló un perjuicio de 839 millones 289
mil sucres. En todo este caso se envolvió además al
gerente general de aquel entonces Patricio Moncayo y durante el
proceso judicial, al gerente financiero Fausto Pavón
Dávila.El 26 de octubre de 1999 la administración
de la Cemento Chimborazo inició un juicio penal en contra
de Teodoro Gallegos y Patricio Moncayo por estafa.

Como era de esperarse Teodoro Gallegos protestó por
estas acusaciones y dijo que éstas se derivaban de la
persecución de los trabajadores a su gestión. "Si
el haber denunciado la corrupción en la Cemento Chimborazo
nos hizo acreedores a un juicio, lo vamos a seguir afrontando con
entereza". Ha transcurrido un año y a la causa se han
agregado unas 2000 páginas. El juicio, que se sigue en el
Juzgado Primero de lo Penal, al parecer se aproxima a su fin, en
su etapa sumarial, pues la fiscal Lourdes Pino emitió su
dictamen acusando a Gallegos y Moncayo de haber violado el
artículo 560 del Código
Penal que habla de abuso de confianza.

El abogado de Teodoro Gallegos, solicitó la reapertura
del sumario pues consideran que en este juicio debe declarar el
General Telmo Sandoval, ex-presidente del Directorio de la
Cemento Chimborazo. Otros dos juicios se llevan a cabo en la
ciudad de Quito, en contra de Teodoro Gallegos; el uno seguido
por Marco Miño en el juzgado quinto de lo civil de
Pichincha y el otro instaurado por Telmo Sandoval en uno de los
juzgados de lo penal. Ambos juicios se encuentran en su etapa
sumarial y tienen que ver con el pago de daños y
perjuicios por presuntas injurias hechas por Gallegos.

Las frases acerca de la cementera

Abraham Romero

Candidato a gerente general

"Buena parte de su equipo es completamente obsoleto".

"No queda otro camino que buscar capital
privada para salvar la Empresa".

"Yo no me he palanqueado con nadie para ser gerente".

"Si la persona se respeta, no puede hacer una campaña
electoral, para llegar a una función que no tiene nada de
político".

Teodoro Gallegos Salem

Ex-presidente de la Empresa

"La dirigencia sindical de la Cemento Chimborazo ha
malentendido su función, ellos se creen dueños de
la Empresa".

"Me parece inaudito que (el comité) esté
apoyando la candidatura de Fernando Escudero".

"No han hecho público el informe de la Superintendencia
de Compañías".

Edén Garzón

Ex-gerente financiero de la Empresa

"En el primer semestre de este año, la
administración dice haber ganado 3 millones 500 mil
dólares; me parece absurdo".

"No debe haber temor de que se privatice a la Empresa".

"Se debe abrir las puertas a la inversión privada".

Víctor Morejón

Ex-trabajador de la Empresa

"El gerente de la Empresa gana más que los cuatro
diputados juntos".

Mario Ortiz

Secretario del Comité de Empresa

"La Empresa es competitiva, en cuanto a la calidad de su
producto".

"Cemento Chimborazo, puede tener más utilidades si el
BNF administra personalmente y con el número de
trabajadores necesarios".

"El Ing. Abraham Romero es partidario de la
privatización".

"Si las gestiones fueran en Riobamba, la empresa no tuviera
que hacer ninguna erogación por viáticos".

"El plan nuestro no es exprimir y exprimir sino también
dar, para que haya coherencia".

"Estamos planteando la compra de renuncias, como se ha dado en
otras instituciones".

Arq. Fabián Trujillo

Presidente del Colegio de Arquitectos

"Se habla de que diariamente se saca al mercado de la ciudad
más de cinco mil sacos, no sé a dónde vayan
a parar".

"Hemos reclamado de las autoridades un control más
oportuno y continuo".

"Los obreros deben optar por dedicarse a su propia labor, que
es la producción".

"Han existido comentarios de irregularidades y favoritismo en
la comercialización de cemento".

*Reportaje publicado en Diario La Prensa el 18 y 19 de
diciembre del 2000.

PODEROSA RESISTENCIA:
Cemento Chimborazo C.A.

Varias denuncias sin que pase nada

Las denuncias de irregularidades no son nuevas en la
empresa Cemento Chimborazo. El 12 de septiembre del 2003, Waldo
Flor Cevallos, accionista minoritario de la Cemento Chimborazo y
presidente de la Junta General de Accionistas entregó
documentos "en la anterior Junta se comprometió a entregar
un expediente sobre denuncias realizadas a la
Administración de la Empresa, y procede a entregar a esta
Junta", señala el acta de esa sesión.

Cosa parecida sucedió el 26 de marzo del 2004, la
Junta General de Accionistas se reunió para conocer, entre
otras cosas, varias irregularidades. En el acta se menciona que
Marcelo Valencia Montero, representante del IESS al conocer el
informe económico del año 2003, "se muestra
preocupado por las graves irregularidades que existen en la
Empresa y que se les atribuye a la administración
anterior, por lo que se considera que se debe iniciar las
acciones legales correspondientes"